Es una victoria para la industria del automóvil, que en los últimos meses venía avisando de las consecuencias negativas que tendría la entrada en vigor de la normativa Euro 7, prevista para el 1 de julio de 2025, que endurecía considerablemente los límites de emisiones y las condiciones para medirlas en las pruebas de los vehículos nuevos. Finalmente, no será así y se retrasa hasta 2027, tal y como acordaron el lunes los países miembros de la Unión Europea.
Del mismo modo, la entrada en vigor de la Euro 7 para vehículos industriales se retrasa a 2029. De momento, es sólo el primer paso y no hay nada definitivo, ya que todavía tiene que pronunciarse el Parlamento Europeo antes de la negociación final que sellará (o no) el retraso de la entrada en vigor de la normativa anticontaminación.
Victoria del automóvil: la normativa Euro 7 se retrasa hasta 2027
La decisión supone también la relajación de los límites de emisiones de partículas para frenos y neumáticos, aunque este aspecto se tendrá en cuenta en futuras actualizaciones hasta llegar a 2035, año en que está fijada la prohibición de vehículos de combustión nuevos.
Inicialmente, ocho países se oponían a la propuesta presentada por la Comisión Europea, debido a que la Euro 7 provocaría un aumento de costes y trabas a la industria del automóvil en un espacio de tiempo muy breve, tal y como afirmaba la Asociación de Fabricantes Automovilísticos Europeos (ACEA). Esos estados eran Francia, Italia, República Checa, Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.
Rechazo contundente desde el sector
En no pocas ocasiones, numerosas voces procedentes del sector de la automoción alertaron de los riesgos que tendría la puesta en marcha de la Euro 7. Luca de Meo, CEO de Renault y presidente de ACEA, avisó en enero del posible cierre de plantas en Europa por el encarecimiento de los coches nuevos que supondría la puesta en marcha de la norma.
Muy tajante se mostró también Wayne Griffiths, presidente de ANFAC Y CEO de SEAT y CUPRA, cuando dijo hace unos meses en una entrevista a Business Insider que la Euro 7 “es una legislación imprudente, poco realista financieramente inviable. Si se aplica, significaría dejar de construir coches”. Y en la misma línea se han mostrado otras figuras importantes del sector, como Oliver Blume, CEO de Volkswagen, y Carlos Tavares, máximo dirigente del Grupo Stellantis.
ANFAC, la asociación española de fabricantes, también ha advertido en varias ocasiones que la Euro 7 podría poner en riesgo el futuro de muchas plantas españolas, que centran su actividad en la producción de vehículos pequeños que, a su vez, son los más vendidos en España. El motivo es que estos vehículos deberían incluir complejos sistemas de reducción de emisiones que aumentaría notablemente su coste y, en consecuencia, haciéndolos menos accesibles.
España, que ejerce la Presidencia del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, ha defendido a través del ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, la decisión acordada, arguyendo que goza de un equilibrio entre protección del medioambiente y competitividad industrial.
Se mantienen los límites de la Euro 6
La decisión acordada por los 27, además de retrasar la entrada en vigor de la Euro 7, mantiene los límites de emisiones y las condiciones de prueba establecidos en la Euro 6, así como los niveles de emisiones para los frenos y neumáticos. A favor de la medida se han mostrado Francia y Alemania (esta última reivindicó el uso de combustibles sintéticos neutros en carbono), Italia, que reclama el uso de biocombustibles, y otros países como Polonia, la República Checa y Eslovaquia.
Pro el contrario, otros países como Dinamarca o Luxemburgo, se mostraron contrarios. Tampoco están conformes los ecologistas, especialmente, la asociación Transport & Environment, según la cual esta rebaja en la ambición supone un “desastre para la contaminación de las ciudades europeas”.
