La Zona de Bajas Emisiones de Barcelona es una de las pocas que, por el momento, están activas en toda España, pero el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acaba de anularla por falta de informes que avalen algunas de las restricciones.

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Según los magistrados, la normativa es excesiva tanto en la extensión de la zona geográfica de implantación como en la cantidad de vehículos a los que afecta. Hay que recordar que desde 2020 (originalmente iba a ser desde principios de año pero por la pandemia se pospuso a septiembre) no pueden entrar en la ZBE los vehículos sin etiqueta medioambiental, quedan muy pocas excepciones (camiones y autobuses) y además la intención es restringir el tráfico todavía más.

La resolución del tribunal llega tras los recursos de 10 colectivos entre los que se encuentran la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, la Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, Federació Empresarial Catalana d’Autotransport o el Gremi Provincial de Tallers de Reparació i Manteniment d’Automòbils.

Desde la Sala de lo Contencioso-Administrativo se argumenta que debido a la intensidad y el alcance las restricciones, se hace necesario un análisis sobre las consecuencias que provocan a nivel económico, social y sobre el mercado y la competencia; siendo insuficiente el realizado antes de su implantación, ya que no se “evalúan suficientemente los costes y beneficios que implica el proyecto de disposición por sus destinatarios, así como las cargas administrativas”.

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Además, el tribunal apunta que los datos con los que se decidió delimitar el área de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona podrían no haber sido adecuados, puesto que se tomaron como referencia datos relativos a la contaminación en 2013, cuando en el momento de crear la normativa ya había de 2018, por lo que se considera que como mínimo serían imprecisos.

Por último considera que el sistema de etiquetas de la DGT es muy rígido y que no hay ningún análisis del coste del usuarios afectados, a lo que hay que sumar que “la movilidad en la ZBE en las horas prohibidas se condiciona a la capacidad económica del titular para proceder a la adquisición de un vehículo con distintivo ambiental, lo cual no resulta valorado”.

Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona tiene la posibilidad de presentar un recurso en los próximos 30 días, mientras que los demandantes pueden pedir la ejecución provisional de la sentencia.

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