El Tribunal Supremo ha confirmado la anulación de la primera ZBE de Barcelona, dando por válida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la Zona de Bajas Emisiones emitida en marzo de 2022. Hay que recalcar que la sentencia se refiere a la primera zona de restricción, que estuvo en vigor entre 2020 y 2022, y no a la que está en marcha desde enero de 2023, que fue actualizada.

El Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona contra la sentencia del tribunal catalán para intentar anularla.

El Supremo confirma la anulación de la primera la ZBE de Barcelona

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En 2022, el TSJC justificó su sentencia en la “falta de informes que avalen algunas restricciones, exceso del ámbito geográfico de implantación y demasiada restricción del tipo de vehículos afectados” y añadió que “la ordenanza incide especialmente en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo”. Además, consideró que, en el caso de los vehículos profesionales, la limitación se proyectaba, especialmente, en los colectivos con menos recursos económicos para cambiarlo, como los autónomos, microempresas o PYMES.

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Pero esta decisión no tiene efectos sobre la ZBE de Barcelona que funciona desde enero de 2023, cuando el Ayuntamiento de la Ciudad Condal aprobó una actualización de la normativa para adaptarse al fallo del TSJC. La modificación permite a las personas con menos recursos económicos circular por el área restrictiva, aunque tengan vehículos fuera de la clasificación medioambiental de la DGT, es decir, sin la correspondiente etiqueta. Además, estableció la concesión de más permisos diarios excepcionales para desplazarse por la zona.

La sentencia abre la puerta a multitud de reclamaciones por multas

La anulación de la primera ZBE de Barcelona abre la puerta a multitud de reclamaciones por las multas que se emitieron (y se cobraron) en ese periodo, entre 2020 y 2022. Al quedar invalidada la norma, las denuncias impuestas pueden impugnarse y, por tanto, devolver el importe a los afectados.

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Por ello, ante la posibilidad de que la justicia confirmase la anulación de la primera ZBE, el Ayuntamiento de Barcelona reservó una partida de 32 millones de euros para hacer frente a las multas emitidas durante el periodo que estuvo vigente, según recoge ABC.

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