En más ocasiones de lo que pueda parecer, la justicia autoriza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a utilizar vehículos confiscados en operaciones policiales, como, por ejemplo, con el narcotráfico como estos coches que se subastaron el mes pasado, a ser utilizados por los agentes en sus funciones. Y esto es lo que ocurrió en 2019 con un BMW Serie 6 (prueba) que había sido intervenido a un narco tras protagonizar una persecución.
En 2018, el propietario del vehículo fue arrestado tras una persecución en Moncofa (Castellón) con 380 gramos de cocaína en haber. El BMW que conducía fue intervenido y depositado “en perfecto estado”, según señala El Periódico Mediterráneo. Al año siguiente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Nules autorizó que el vehículo fuera utilizado por el equipo de la delincuencia organizada y antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Castellón de forma provisional.
Los agentes hicieron caso omiso a los avisos de que el coche necesitaba mantenimiento
Cuando los agentes de la Benemérita comenzaron a utilizar el coche en mayo de 2019, el vehículo requería trabajos de mantenimiento y un cambio de aceite. BMW, como otros muchos fabricantes, cuenta con una alerta que avisa al conductor de la necesidad de realizar mantenimiento y reponer el aceite del motor.
A pesar de que el coche mostraba este aviso, los agentes hicieron caso omiso y siguieron utilizando el vehículo, por lo que a consecuencia de ello el motor se quedó sin aceite, provocando el gripaje del mismo y destrozando la caja de cambios.
A esto hay que sumar daños en el exterior, como recoge el documento redactado por la empresa encargada del del depósito del vehículo en la Comandancia de Castellón en 2021. En este texto se especifican desperfectos en el parabrisas, capó, paragolpes, faros delanteros, aletas y puertas, paragolpes trasero, faros traseros, llantas y techo, así como daños en el interior.
La justicia da la razón al narco, que deberá ser indemnizado
Ante lo sucedido, el abogado del propietario del vehículo presentó un recurso y el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de la Audiencia Nacional le ha dado la razón. Concluye que los daños reclamados son “todos ellos, consecuencia de una desatenta y muy descuidada función de custodia y conservación del vehículo incautado y cedido en uso a la Guardia Civil”.
La Administración de Justicia también señala que la rotura del motor es “una negligencia de orden mayor” y que los desperfectos del exterior y el interior “no son achacables a un deterioro inherente al tiempo transcurrido, sino al poco o nulo cuidado en el uso del vehículo y a la dejación que supone dejarlo en el depósito con las ventanillas bajadas”.
Por lo tanto, el Ministerio de Justicia deberá indemnizar con 18.120 euros al propietario del vehículo por los daños causados en su coche por los agentes de la Guardia Civil de Castellón.
