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Francia utilizará coches privados como radares móviles

Francia comenzará a utilizar coches privados como radares móviles a partir del próximo mes de noviembre. Inicialmente se lanzará una flota de 26 unidades que será ampliada hasta llegar a la prevista de 400. Estos vehículos particulares sustituirán a los coches operados por la Gendarmería Nacional francesa.

Francia le declara la guerra al exceso de velocidad en carretera mediante la utilización de coches privados como radares móviles. El proyecto se pondrá en marcha a partir del próximo mes de noviembre, mes en el que entrarán en funcionamiento los primeros 26 vehículos particulares que sustituirán a los operados por la Gendarmería Nacional francesa en estos momentos, mientras que el objetivo es crear una flota compuesta por 400 vehículos.

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Los primeros vehículos privados equipados con radares móviles comenzarán a ser utilizados en la región de Normandía, donde se han estado efectuando pruebas desde febrero de este mismo año. “Serán todavía más indetectables”, afirman las asociaciones de automovilistas franceses. Mientras tanto, los automovilistas denuncian que esta privatización tiene efectos recaudatorios.

Hasta el momento, los agentes patrullan con el radar una media diaria de 1 hora y 13 minutos, mientras que, con este nuevo sistema de vigilancia más efectivo, la cifra se multiplicará hasta alcanzar las seis horas de media diarias. Los conductores deberán conducir desde un punto a otro que especifiquen las autoridades francesas, aunque el particular no sabrá en ningún momento cuántos vehículos ha cazado infringiendo los límites de velocidad y tampoco podrá desviarse de la ruta, ya que sino su compañía será penalizada.

Según el Ministerio del Interior, esta medida generará 1.000 puestos de trabajo y los vehículos serán operados por un solo conductor, no como los coches oficiales, en los que viaja una pareja de gendarmes. El gobierno de Emmanuel Macron invertirá 53 millones de euros y prevé alcanzar una rentabilidad del 82% ante las primeras denuncias de que el gobierno pretende pasar de los dos a los ocho millones de euros en sanciones.

Fuente: El Mundo

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