Si te ha llegado una sanción recientemente, y en especial si es de radar y estás cerca del límite, deberías plantearte reclamarla. Porque, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la mitad de las multas impuestas por la DGT se anulan cuando llegan a los tribunales. De hecho, estos cada vez dan más la razón a los conductores. Y es que, entre otras cosas, Tráfico no está “aplicando correctamente el margen de error de los radares”, indican.

Con los datos de AEA en la mano, en los últimos tres años (de 2017 a 2020) se han planteado 14.804 recursos contra sanciones de la DGT. De ellos, el 49% (o, lo que es lo mismo, más de 7.000) se resolvieron con sentencias favorables. Y en este concepto entran tanto la anulación total como la parcial. Para comparar, en los cinco ejercicios anteriores (de 2011 a 2016) la tasa había sido del 35%. Bastante alta ya, es cierto, pero no admite ni comparación con la actual.

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Esta asociación destaca que, en menos de 20 años, el número de multas se ha más que doblado. De las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se ha pasado a 4.684.286 en 2019. El crecimiento es mucho mayor, por tanto, que el del parque automovilístico, pues hoy solo circula en España un 42% más de coches que entonces. En total, en estas dos décadas calculan que la Dirección General de Tráfico ha ingresado 70 millones de euros en este concepto.

Para los autores del estudio, la respuesta de la DGT a las derrotas en los tribunales, en lugar de corregir sus malas prácticas, ha sido promover el ‘paga y calla’. Es decir, reducir las posibilidades de defensa de los ciudadanos y aumentar el descuento por pronto pago, que en 2009 pasó del 30% al 50%. Así, han conseguido bajar la litigiosidad: cada vez se interponen menos recursos, a pesar de que la probabilidad de ganarlos es de una entre dos. Y el 64% de los conductores ya prefiere abonar la multa directamente.

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Además de informar de que la mitad de las multas impuestas por la DGT se anulan en los tribunales, la AEA destaca que también están aumentando en los últimos tiempos las condenas por las que la institución se ve obligada a pagar las costas judiciales.

Y recoge las palabras de un juez de Pontevedra, que recientemente ponía de relieve en una sentencia la “temeridad” de Tráfico por no haber rectificado la resolución impugnada, “pese a conocer que todos los juzgados contencioso-administrativos de la ciudad (…) mantienen el mismo criterio sobre el margen de error, y que otras Administraciones ya lo están aplicando desde tiempo atrás sin problema alguno”.

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