No siempre se acierta con los nuevos vehículos que se incorporan a las flotas de los cuerpos de seguridad del estado o, al menos, eso es lo que piensa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha pedido al Ayuntamiento de Valladolid la retirada de los nuevos coches de Policía Local, a los que considera “auténticos potros de tortura”.
Los nuevo coches son 15 unidades, todas del Renault Arkana, que, según el CSIF, una vez llevadas a cabo las modificaciones necesarias para transformarlas en coches patrulla, son vehículos no válidos para desempeñar su función. Apuntan que “tiene las limitaciones propias inherentes a los vehículos pequeños”, haciendo referencia a que la plataforma del francés es la misma que la del Renault Captur, que pertenece al segmento B.
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El organismo enumera varios problemas que presenta el SUV una vez se convierte en coche de policía.
El primero es que, al instalar la mampara que separa los asientos delanteros de los traseros, para que los detenidos no puedan interactuar con los policías, las plazas delanteras no pueden desplazarse hasta atrás del todo, lo que es un problema para los agentes de mayor tamaño, y además obliga a que los asientos vayan con el respaldo en la posición más vertical.
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Esto perjudica notablemente la ergonomía de los asientos y no hace falta ser excesivamente alto para estar incómodo (señalan que a partir de 1,80 ya hay problemas), lo que dado el tiempo que pasan a bordo los agentes es un problema que hace que los vehículos sean “un potro de tortura”.
Según ha declarado: “impiden el normal desarrollo de la actividad laboral e incluso la conducción de los agentes, poniendo en peligro su salud y su seguridad puesto que, en caso de colisión, los agentes no están a la distancia adecuada de los demás elementos del vehículo en razón de su altura y corpulencia”.