La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de motocicletas usadas y otros de residuos peligrosos. Según ha explicado la benemérita en un comunicado, la actividad se desarrollaba en un Centro Autorizado para el Tratamiento de vehículos al final de su vida útil (CAT), es decir, un desguace, ubicado en la Comunidad de Madrid.
La organización criminal se servía de una red de empresas vinculadas a la gestión de vehículos (principalmente, motocicletas y ciclomotores) distribuida por varias provincias españolas. Las motos se exportaban posteriormente como vehículos de segunda mano a diferentes países africanos, además de Italia, Portugal y Polonia.
Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de motocicletas usadas
La Guardia Civil ha desarticulado esta organización en el marco de una operación bautizada como INJINI. La empresa adquiría los vehículos dados de baja y, en lugar de desguazarlos para vender las piezas, los vendía completos de manera ilegal, para seguir circulando. Estos vehículos los compraba por lotes a un precio más bajo al estar destinado a su reciclaje. Sin embargo, el destino era otro: la reventa por unidades, con el consiguiente margen de beneficio.
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La mayoría de las motos se vendían a países de África, además de Italia, Portugal y Polonia, aunque algunas también se quedaban en España. La organización también está siendo investigada por tener en la plantilla a trabajadores sin contrato laboral que cobraban en efectivo sin ningún tipo de factura, lo que constituye un delito contra el derecho de los trabajadores.
Estructura criminal perfectamente organizada
La organización criminar tenía una estructura perfectamente organizada y jerarquizada. En la cúspide, estaban los dos administradores responsables de dirigir, coordinar y planificar todas las actividades ilegales. Bajo sus órdenes había otras dos personas que hacían funciones administrativas y de cobro. A esto hay que añadir la existencia de dos contabilidades, una oficial y otra extraoficial que facturaba en negro.
Según la Guardia Civil, el negocio “habría generado un alto nivel lucrativo a los integrantes de la organización, que disfrutaban de un alto nivel de vida y habían adquirido numerosos bienes muebles e inmuebles, aperturas de fondos de inversión y vehículos de alta gama, además de ser utilizados para el capital social en la constitución de otras personas jurídicas que engrosaban el entramado societario. Se han identificado activos por valor de cinco millones de euros, que actualmente se encuentra bajo control judicial”.