Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas, así como el resto de las diferentes instituciones públicas disponen de un parque móvil para uso propio, ya sean vehículos de representación para autoridades (presidente del Gobierno, ministros, presidentes autonómicos, consejeros, etc.) o para que algunos funcionarios públicos puedan desempeñar sus labores, como los todoterrenos para la vigilancia del medio natural. Esto es algo conocido. Pero no lo es tanto que algunos desguaces hacen negocio con los coches usados de la Junta de Andalucía.

No es algo que ocurra únicamente en Andalucía, sino que se da en otras Comunidades Autónomas de España, como Castilla y León. Normalmente, estos vehículos tienen un tiempo de uso que viene referenciado en tablas de amortización, pasado el cual la administración competente los sustituye por otros nuevos. Los vehículos viejos se sacan a subasta pública, normalmente, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la que puede acceder cualquier.

El negocio de algunos desguaces con los coches usados de la Junta de Andalucía

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Y aquí es donde empieza el negocio de algunos desguaces con los coches usados por la Junta de Andalucía en este caso. Normalmente, son vehículos han recibido bastante ‘tralla’, como es el caso de los todoterrenos usados en ámbitos rurales, por lo que tienen un valor bajo, y los desguaces pujan por ellos para achatarrarlos y vender las piezas.

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Pero algunos, en lugar de eso, los adecentan y los revenden por un precio claramente superior al que lo compraron. Son vehículos cotizados en el mercado de clásicos, como es el caso de los Land Rover Defender de los años 90 transportados en un camión que ves en las fotos que pertenecieron a la Junta de Andalucía. Los coches históricos se pueden dar de alta de nuevo y muchas veces se mandan también a otros países, como Marruecos.

El caso de Castilla y León

Según recoge el diario El Debate, hace unos un desguace de Valladolid se dedicada a comprar unidades del Defender de la Junta de Castilla y León por un precio muy económico, unos 700 euros. Después de prepararlos, los revendía por hasta 13.000 euros.

Lo normal es que la administración hubiera sacado los vehículos a subasta pública de uno en uno, pero se vendieron en lotes de hasta 313 ejemplares, por los que la institución castellanoleonesa recibió 220.000 euros, cuando el valor real de mercado era superior a 2,7 millones de euros.

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