El consejero de Industria del… Gobierno vasco, Bernabé Unda, ha anunciado este lunes la remisión de una notificación de desahucio a la empresa Epsilon para que desaloje cuatro pabellones que ocupa sin desarrollar «actividad alguna» y cuyo uso les fue concedido en condiciones «excepcionales». Estas instalaciones cuestan a las arcas públicas unos 190.000 euros al año.
Unda ha comparecido ante la Comisión de Industria del Parlamento autonómico para informar sobre la situación económica y financiera de la empresa automovilística Epsilon Euskadi, que se encuentra en situación preconcursal y acumula unas pérdidas de más de siete millones de euros. Además, tiene unos fondos propios negativos de 1,4 millones de euros.
El principal crédito de Epsilon son sendas hipotecas de ocho millones cada una que le concedieron Caja Vital y Kutxa. El consejero, tal y como ya hizo el pasado mes de marzo, ha expresado su «preocupación» por un compromiso adquirido el 16 de marzo de 2009 por el Consejo de Administración del Parque de Miñano en relación a dichas hipotecas.
El parque -en el que el Gobierno vasco, a través de la sociedad Spri, es el socio mayoritario, con un 64 por ciento del capital- se comprometió a que, en caso de la empresa no pudiera afrontar el pago de los mencionados préstamos, acudiría a subasta y pagaría por el edificio de Epsilon y el terreno en el que se ubica una cantidad de entre 14,6 y 22,5 millones de euros.
De esa forma, desde el Ejecutivo se calcula que las arcas públicas podrían tener que afrontar el pago de 28 millones de euros por los avales que en su día se concedieron a la compañía y por la situación que ésta atraviesa actualmente.
Al margen de las dudas que genera en su departamento la decisión adoptada por el Parque, Unda se ha referido a la situación en la que se encuentran cuatro pabellones ocupados por Epsilon en Azkoitia (Gipuzkoa) y que pertenecen a dos sociedades públicas diferentes.
Epsilon, a condición de desarrollar una actividad tecnológica y empresarial vinculada al automovilismo, no paga renta alguna por dos de ellos, mientras que por los otros dos aporta una suma de 500 euros mensuales en concepto de alquiler.
Unda ha subrayado las «excepcionales» y «más que favorables» condiciones de las que disfruta la compañía por el uso de estos locales. Además, ha indicado que los pabellones se encuentran «vacíos», por lo que ha explicado que la sociedad Sprilur ha remitido a la empresa un requerimiento notarial para que los desaloje «por falta de uso». De esa forma, se pretende destinarlos a otras actividades económicas.
Según ha explicado, tras recibir el citado requerimiento, los responsables de Epsilon expresaron su deseo de permanecer en los pabellones «para un negocio posible». Unda ha afirmado que se ofreció a la empresa la posibilidad de arrendarle los inmuebles con un nuevo contrato «en condiciones de mercado» y de que el desahucio «sigue su curso».
El consejero ha recordado que los hechos «preocupantes» hechos relacionados con la empresa correspondieron a «decisiones de la pasada legislatura», adoptadas durante el Gobierno de Juan José Ibarretxe. A su juicio, la decisión del Parque de comprometerse a acudir a la subasta en caso de ejecución hipotecaria «buscaba tapar un quebranto económico de una incorrecta planificación» empresarial.
«Esta operación no era una operación de futuro. Euskadi ya se encontraba en plena crisis económica, aunque no se reconociera», ha subrayado. Unda ha lamentado que el Parque decidiera «en tiempos de crisis, garantizar un crédito que le coloca en una situación financiera inviable en el futuro».
En su opinión, todo esto se debe a «una mala gestión». Además, ha informado de que un informe jurídico solicitado a un despacho privado indica que la operación referente a los compromisos adoptados por el Parque «podrían haber sido ayuda de Estado» y que «debieron ser notificados y autorizados por la UE».
Tras advertir de que el Gobierno «no tiene intención de aumentar su riesgo directo o indirecto» respecto a Epsilon, ha rechazado que las instituciones públicas deban afrontar los pagos que debe realizar una empresa privada y que ésta «se quede» luego con el patrimonio.
Una ha destacado que resultaría «anómalo» que un inversor privado que ha aportado un capital «mínimo» se quede posteriormente, gracias a las aportaciones públicas, con un patrimonio que en el caso de esta empresa puede ascender a los 35 millones de euros, teniendo en cuenta los terrenos y la maquinaria.
Respecto a las medidas que pueda adoptar su departamento para ayudar a la compañía, ha asegurado que si ésta «es capaz de reinventar el proyecto y de convencer sobre la viabilidad», les tendrá «a su lado». «Hay que dejarse de sueños y fantasías», ha manifestado.
El responsable autonómico de Industria ha denunciado que el proyecto empresarial «no ha tenido bases sólidas nunca», y que la crisis económica hizo que tuviera que «enfrentarse con la realidad» de forma más rápida.
Europa Press